Diario "La Democracia"
El parlamento de Gasteiz aprobó ayer una resolución que acusa al Gobierno de España de amparar a las fuerzas policiales denunciadas por torturas o malos tratos; rechaza, en concreto, el total amparo del ministro de Interior, a los ocho guardias civiles denunciados por presuntas torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola. / El legislativo autonómico solicita al gobierno central una investigación sobre las denuncias de torturas de Portu y Sarasola, así como la adopción de medidas que garanticen los derechos humanos de los detenidos. Y exige por último, al ejecutivo de Madrid, el fin de los indultos sistemáticos a los torturadores.
IRUÑEA. El parlamento autonómico dió su aprobación a una proposición no de ley, presentada ante la Cámara por la única parlamentaria de Aralar, y que resultó aprobada con el voto favorable de los partidos (EAJ-PNV, EA y EB) que conforman el gobierno tripartito, Ezker Abertzalea y Aralar; y el voto en contra de PSE y PP.
La moción aprobada cuenta finalmente con tres puntos, una vez que, a instancias del tripartito, se añadió el tercero.
En primer lugar, el texto reprueba la sistemática actitud del gobierno español de «amparar sin excepción a las fuerzas policiales» (Guardia Civil y Policía Nacional) «ante las denuncias de torturas o malos tratos». Acto seguido concreta el rechazo al «total amparo del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a los 8 guardias civiles ante las denuncias de torturas de Igor Portu y Mattin Sarasola».
Portu y Sarasola, presuntos miembros de ETA, fueron detenidos en Arrasate (Gipuzkoa) el 6 de enero de este año. Igor Portu ingresó un día después, de manos de los agentes de la Benemérita que le habían capturado, en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de la capital donostiarra, acompañado de un preocupante parte médico. Los miembros de la Guardia Civil comparecieron hace menos de un mes, en calidad de imputados, en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Donostia.
El segundo punto acordado es una solicitud, triple, al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: que inicie una investigación interna, paralela a la judicial, sobre las denuncias de torturas de Igor Portu y Mattin Sarasola; que adopte las medidas necesarias para «garantizar los Derechos Humanos», entre ellas, especifica, la derogación de los artículos del Código Penal que establecen el régimen de incomunicación de los detenidos y la grabación en vídeo de su estancia en dependencias policiales; y que investigue de oficio todas las denuncias de torturas presentadas, para dar «una respuesta acorde a un Estado de Derecho garantista».
Aprobada, también con apoyo de Aralar y Ezker Abertzalea, la enmienda de adición propuesta por EAJ-PNV, EA y EB como tercer punto, la resolución «exige al Gobierno central el cese de la práctica de concesión sistemática de indultos a las personas condenadas por delitos de torturas».
PSE pide que se retire la moción
Previamente al debate y aprobación de la resolución, el portavoz del grupo socialista, José Antonio Pastor, tras establecer que «la tortura no cabe en la Constitución», solicitó a Aralar que retirara su propuesta del orden del día y la llevara a otro pleno, alegando que en el texto se habla de las «supuestas torturas practicadas por seis guardias civiles a dos miembros de ETA, sólo dos días después del asesinato de Juan Manuel Piñuel», apelando al «excepcional momento» y para «evitar una triste imagen de división».
La parlamentaria de Aralar, Aintzane Zenarro, tras criticar el «cruel atentado», rechazó la petición ya que, en su opinión, «el consenso mayoritario existente contra el terrorismo de ETA no debe ocultar otras actitudes denunciables, como la tortura y los malos tratos, que resultan incompatibles con un Estado garantista», sosteniendo además que no debatir sobre estas cuestiones y obviar su existencia, precisamente "refuerza a ETA".
El debate sobre la tortura, suspendido ya el mes pasado, tuvo lugar ayer tras la negativa de la parlamentaria proponente a posponerlo de nuevo. Y en su transcurso, y con la excepción de PSE y PP, todas las fuerzas políticas parlamentarias coincidieron en que la práctica de la tortura por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado es una realidad vigente y no hechos aislados, así como que el Gobierno español no adopta las medidas necesarias para evitar espacios de impunidad y acabar con esta situación.
Gema González de Txabarri, de EAJ-PNV, afirmó que «el Estado de Derecho debe seguir funcionando» y que en el Estado español hay casos de impunidad por malos tratos, y no únicamente en los detenidos por terrorismo. Rafa Larreina, de EA , entiende que «ETA no puede decir lo que se debate y lo que no... en materia de derechos humanos no puede haber excepciones... hay que ser radical para evitar la impunidad». Oskar Matute, de EB, aclaró que «no buscamos el desprestigio de las FSE, ..., denunciar la práctica de malos tratos por determinadas personas no significa que criminalicemos al conjunto de los miembros». Itziar Basterrika, de Ezker Abertzalea recordó que más de 7.000 ciudadanos vascos han denunciado torturas: «no son casos aislados... aunque vivimos momentos muy duros, hay que trabajar entre todos para llegar a una solución».
Los grupos políticos que ayer aprobaron la resolución, para corroborar su análisis hicieron mención a los informes elaborados por Amnistía Internacional y el Relator de Naciones Unidas para la Tortura, a las sentencias de los tribunales de justicia que condenan a miembros de los cuerpos policiales por los delitos de torturas y malos tratos, así como a los indultos gubernamentales concedidos a muchos de los condenados por esos delitos.
PSE y PP discrepan
Al portavoz socialista, el contraste entre la unidad mostrada un día antes por los partidos nacionalistas junto a los restantes partidos para luchar contra el terrorismo, y la resolución aprobada, le hace «dudar de si el acto de ayer, o el que se va a hacer hoy, se hizo con sinceridad y convencimiento o es más una pose escénica sólo para evitar males mayores».
El fin de la iniciativa —cuyo contenido calificó de «obsceno»— es, para José Antonio Pastor, «sembrar dudas sobre nuestro Estado de Derecho y dejar sentado que en España no hay democracia porque a los detenidos se les tortura», cuando «aún tenemos a las puertas del parlamento la fotografía del último asesinado por ETA y cuando ETA amenaza de muerte a toda la militancia socialista usando la tortura como pretexto». Para añadir, «Y aún es todavía más obsceno que esta propuesta la plantee una fuerza que está haciendo imposible aprobar las mociones éticas en Mondragón y otras localidades».
Pastor criticó, asimismo, al gobierno tripartito, que «viene chupando rueda para rematar la faena, tirar la piedra y esconder la mano», probablemente para alimentar «su estrategia de coche de locomotoras que algunas dirigentes del PNV prometen poner en marcha... sabiendo que ETA tiene una estrategia de mentir y denunciar torturas como sistema».
Para Carlos Urquijo, parlamentario popular, la iniciativa aprobada es un «soberano despropósito. Lo que no se puede hacer es homenajear ayer al guardia civil asesinado, hacer un discurso de solidaridad a la familia, y hoy venir aquí a arrojar la sombra de la duda y cuestionar el honor de la Guardia Civil cuando es costumbre y norma de ETA denunciar torturas cuando son detenidos... El presunto autor del atentado de T4, Igor Portu, tenía entre su documentación el manual de ETA Haciendo frente a las torturas que explica qué es lo que tiene que decir y cómo comportarse», palabras tras las que finalizó con un «Viva la Guardia Civil», seguido tan sólo por otro parlamentario del Partido Popular.
Zapatero defiende a las FSE y pide responsabilidad
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se encuentra en la V Cumbre de la Unión Europea, Latinoamérica y Caribe, al ser preguntado en Lima (Perú) acerca de la resolución del parlamento de Gasteiz, defendió a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pidió «responsabilidad» al parlamento por aprobar una iniciativa «absolutamente fuera de contexto e infundada», subrayó que España es un Estado de Derecho que funciona y sólo los tribunales pueden determinar la responsabilidad de un funcionario público, no un partido político, y afirmó que no se puede hacer «juicios de intenciones en un tema sensible».
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